Fuentes sindicales han dicho a EFE que el ERE se presentó hace unos días debido a la coyuntura del sector de electrolizadores a nivel mundial, que ha frenado su producción, y han señalado que las condiciones del ERE se están negociando entre el comité de empresa y la compañía.

El ERE afectaría al «grueso» de sus trabajadores de la planta de Guadalajara, situada en el polígono Ruiseñor, que tiene previsto continuar la producción hasta mediados del 2027.
La empresa no ha ofrecido, de momento, información.

Desde 2024

La planta comenzó su producción en abril de 2024 con el objetivo de alcanzar una capacidad de 1 gigavatgio (GW) al año. La fábrica tiene una superficie de más de 20.000 metros cuadrados y se ocupa de las áreas de ensamblaje y tests de los electrolizadores.

Esta planta ha recibido más de 10 millones de euros en ayudas del PERTE del vehículo eléctrico del Gobierno de España

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El secretario regional de UGT de Oficinas y Despachos, Diego Martínez-Acacio, ha advertido del «impacto importante que tendrá en la sociedad albaceteña» que una multinacional cierre su centro de trabajo en la ciudad «despidiendo a 55 personas con familia e hipotecas que van a ver sus vidas truncadas».

El sindicalista ha asegurado que disponen de «información» que los hace pensar «que la empresa ha actuado de mala fe» y que por tanto tienen bases «para solicitar a las autoridades laborales la improcedencia de los despidos».

Multinacional

La multinacional dedicada a venta de servicios a través de teleoperadores, con miles de empleados y varias sedes en España, Portugal y Latinoamérica, ha alegado «motivos organizativos y productivos», según los sindicatos, algo que contrasta con el aumento de campañas de venta en otras sedes, ante lo que UGT y CCOO han afirmado que el cierre del centro de Albacete «es una represalia a los trabajadores por organizarse sindicalmente y reclamar sus derechos».

Martínez-Acacio ha recordado que hace un año y medio los trabajadores comenzaron a denunciar a la empresa para que les reconociese el rango profesional de gestor telefónico, por encima del de teleoperador que aparecía en sus contratos.

Tras obtener varias victorias judiciales y que más trabajadores se sumaran a las denuncias, «la empresa empezó a advertir con el cierre», han afirmado los sindicalistas.

Un cierre que presentó oficialmente en octubre al comité de empresa

La coordinadora de la Federación de Servicios de CCOO, Carmen Olivas, ha insistido en que «se trata de una venganza por todas las demandas que hemos puesto, incluso, ante la Inspección de Trabajo, exigiendo la aplicación correcta del convenio».

Olivas ha valorado que la empresa «debería de haberse preocupado de ofrecer nuevos servicios y más carga de trabajo» para sus empleados de Albacete, algo que cree perfectamente posible al ser servicios de venta telemática.

El cierre afecta a un sector de trabajadores «joven, precario, en su mayoría mujeres, que han tenido que desempeñar un trabajo muy duro y que ahora se van a la calle por reclamar sus derechos», ha explicado Olivas.

Una de las trabajadoras de la empresa que ha acudido a la manifestación junto al resto de sus compañeros, Lucía Martínez, de 43 años, ha comentado que lleva 6 años en Marktel y que en el último año y medio «ha habido una evolución drástica que comenzó con una serie de suspensiones de empleo y sueldo disciplinarios que no tenían ningún sentido».

Esto la golpeó moralmente, viendo que «las condiciones del empleo empeoraban y cada vez nos daban menos carga de trabajo».

Martínez ha exigido que se les reconozca como gestores telefónicos y ha asegurado que pese a que se enfrentan «a una situación muy dura», la plantilla «se mantiene unida y reclamara lo que se merece».

El presidente del comité de empresa y trabajador de la multinacional, Sergio Serna, de 47 años y con más de cinco dedicados al centro de Albacete, ha recordado que al principio llegaron a ser casi 200 empleados respecto a los 55 que quedan en la actualidad.

«Hace un año y medio empezaron los despidos masivos y la empresa dejaba caer que cerraría el centro si seguíamos denunciando para exigir nuestros derechos», ha sostenido Serna, que vio como un «castigo» que les dejaran con una única campaña en el centro de Albacete, la venta de servicios de Vodafone, y no les ofrecieran otras que sí desempeñan otras sedes de Marktel como la de Madrid o Valencia.

Los sindicatos demandan que se ceda carga de trabajo de otras sedes para mantener el centro de Albacete operativo y, si la empresa rechaza esa opción, que se pague una indemnización por despido improcedente acorde al rango profesional que corresponde a los trabajadores.

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El próximo lunes volverán a concentrarse

El secretario general de Industria CCOO Albacete, Marcelino Zornoza, ha explicado que “las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo de momento no han dado las soluciones que se pretendían, como era que se abriera de una vez por todas el Hub, para evitar la destrucción de los 45 puestos de trabajo que implica el ERE”.

Zornoza ha explicado que para CCOO es incomprensible que una obra de la magnitud del Hub, que debería haberse hecho con todas las garantías desde el punto de vista de la seguridad para todos y todas las trabajadoras, así como de la  maquinaria que debe albergar, cuatro años después desde que se empezó a construir, continúe sin haberse llegado a abrir y sin actividad .

El secretario general de Industria CCOO Albacete ha comentado que el período de consulta acaba el próximo 19 de marzo, y que el próximo lunes volverán a concentrarse. “Esperamos que, tanto la empresa adjudicataria Daher como la principal Airbus, hagan algún movimiento que permita salvar los puestos de trabajo que quieren rescindir”.

En este sentido Zornoza ha apuntado que “nos encontramos con una situación muy lamentable porque las personas trabajadoras tienen muy poca antigüedad, y por tanto, a la empresa adjudicataria sus despidos les salen más barato que hacer un expediente de suspensión temporal de los contratos de trabajo”.

Reclaman que ambas empresas se pongan de acuerdo

Desde CCOO se ha vuelto a reclamar que ambas empresas se pongan de acuerdo y pongan soluciones encima de la mesa para evitar que 45 personas se vayan a la calle, si bien en el tiempo de negociación en ningún momento la empresa Daher ha hecho la más mínima mejora en las condiciones de salida de los trabajadores, ni ha rebajado el número de personas afectadas, “lo que consideramos que es una actitud lamentable”.

El próximo lunes se repetirán las movilizaciones en el mismo sitio “porque entendemos que la responsabilidad final es de la empresa principal, que es  Airbus. Los procesos de subcontratación no pueden llevar aparejada a una evasión de responsabilidad hacia las personas trabajadoras”.

Respecto a las razones que impiden abrir el Hub, Marcelino Zornoza ha indicado que la empresa Airbus argumenta que el edificio tiene deficiencias, y la empresa constructora argumenta que las deficiencias ya están siendo resueltas, “pero al final quienes están sufriendo las consecuencias de esta batalla empresarial son las 45 personas y sus familias”

Por su parte, Antonio Rumbo, delegado de personal, ha comentado que la situación para las personas que conforman la plantilla es muy dura porque hay que recordar que se prepararon y se formaron específicamente para entrar a trabajar en el Hub, y luego se les informó que de momento no se iba a iniciar la actividad.

“Lo que estamos pidiendo es que se comprometan a decir una fecha de apertura del centro para que se realice un ERTE en lugar de una ERE, pero como no nos dicen fecha no es posible hacer una suspensión temporal”.

Por último, Antonio Rumbo ha dicho que la explicación de que sean 45 personas las que se van a despedir obedece únicamente a una cuestión económica y a las cuentas que ha hecho la empresa de las supuestas pérdida que están teniendo. “Nos consideran números, no personas”.

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Así lo ha manifestado el secretario general de Industria CCOO Albacete, Marcelino Zornoza, quien ha empezado volviendo la vistas atrás, concretamente al año 2020, cuando se anunció la decisión de Airbus de construir su Hub Logístico en Albacete para dar servicio a toda Europa. Una noticia que tuvo una muy buena cogida por lo que ello iba a suponer para la creación de empleo.

Inauguración de Pedro Sánchez y García-Page en julio de 2024

“Luego vinieron los retrasos en el inicio de las obras y finalmente, en julio de 2024, se inauguraron las instalaciones con un significativo desembarco de autoridades y cargos políticos, entre los que se encontraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page. Entonces se habló de que se iban a crear más de 300 nuevos puestos de trabajo directos”.

Sin embargo, “como no es frecuente que las grandes inauguraciones vayan aparejadas de la entrada en funcionamiento de los proyectos, nos encontramos con un centro que no está en funcionamiento por defectos en la estructura, y que lejos de cumplirse las previsiones van a hacer un ERE a 45 personas trabajadoras”.

Desde CCOO Industria se ha dejado claro la oposición frontal a este ERE, asegurando que desde la Federación de Industria se va a intentar por todos los medios que no se lleve a término, agotando el tiempo hasta el 19 de marzo que es cuando finaliza el período de consulta.

Juan Cuevas ha añadido que CCOO no duda de la viabilidad del proyecto y por lo tanto, va a pedir tanto a Daher como a Airbus que se involucren en la búsqueda de una solución, al mismo tiempo que va a pedir la implicación de las Administraciones, recordando que han invertido recursos para la formación de las personas destinadas a trabajar en el hub logístico.

En nombre de las trabajadoras y trabajadores de la empresa Daher que presta servicio a Airbus en diferentes aspectos de la producción, han hablado Adrián Rubio del centro de Albacete y Pilar Valero, del de Chinchilla, asegurando que “se sienten engañados, y que no hay derecho a que ahora 45 personas vayan a quedarse sin trabajo”. En este sentido han recordado que algunas personas han llegado incluso a cambiar su lugar de residencia para poder acceder a la formación y al puesto de trabajo.

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Así lo han anunciado esta mañana en rueda de prensa Rocío Arévalo y Lola Aceituno, presidenta y miembro del Comité, respectivamente, junto a la secretaria general de CCOO-Industria de Toledo, María Jesús Fernández, y el responsable de UGT-FICA en la provincia, Sergio de la Fuente.

La representación de la parte social ha subrayado que consideran infundadas las causas económicas alegadas por la empresa para justificar el ERE y que en consecuencia solicitarán a la autoridad laboral que no lo apruebe; al tiempo que sus asesorías jurídicas demandarán en su caso la nulidad o la improcedencia de los despidos si Calzados Pablo llega a realizarlos en los términos que pretende, con la mínima indemnización legal más unas “míseras limosnas”. Además, han anunciado que el martes próximo reunirán a la asamblea de trabajadores y trabajadoras para informarles de la situación y decidir las acciones sindicales a emprender para oponerse a los “despidos traumáticos” que supondrá el ERE que quiere llevar a cabo la familia Martín-Caro.

“No puede ser que haga un ERE a su antojo; un ERE que no es necesario porque igual resulta que en 2023 no tienen las mismas ganancias que el año anterior, pero pérdidas no tienen. Y porque desde junio del año pasado se llevaron a Marruecos parte de las secciones de cortado y aparado: si ese trabajo lo dejan en Fuensalida, las 48 personas que quieren echar no sobrarían.”

«No hay pérdidas en Pablosky»

“Y porque no se van a deshacer de 48 personas, sino de más de cien, porque hay otras 68 más a las que han excluido del ERE porque tienen más de 63 años y se van a ir jubilando de aquí a 2026, sin coste alguno para la empresa.”

«Desde junio del año pasado se llevaron a Marruecos parte de las secciones de cortado y aparado: si ese trabajo lo dejan en Fuensalida, las 48 personas que quieren echar no sobrarían»

“Y así los Martín-Caro conseguirán sus objetivos: deslocalizar más y más a Marruecos para abaratar costes salariales y dejar la plantilla de Fuensalida por debajo de las 250 personas, para ser PYME en vez de gran empresa y obtener beneficios fiscales y acceso a subvenciones”, denunciaron el y las sindicalistas. E insisten: “¿Que les decimos cuando plantean el ERE?: Que no estamos de acuerdo porque nuestros economistas, los de CCOO y los de UGT, no ven causas económicas, no las hay. Y que si querían quitarse gente, que fueran voluntarios, no despidos traumáticos”

“Tras la mediación del 14 de diciembre, cuando ambas partes decidimos ampliar el periodo de consultas, teníamos esperanza de llegar a un acuerdo, porque en una plantilla de 315 personas, hasta 110 son mayores de 59 años”.

«Teníamos esperanza de llegar a un acuerdo, porque en una plantilla de 315 personas, hasta 110 son mayores de 59 años»

“Trabajadores y trabajadoras que llevan en Pablosky toda su vida, 47, 48, 49 y hasta 50 años. Ya han dado suficiente producción a la empresa para que los Martín-Caro tengan una deferencia con ellos, les den las gracias por los servicios prestados, les faciliten la salida con una indemnización satisfactoria para ambas partes y que descansen ya, que bien se lo han ganado. El comité, los sindicatos, la parte social estábamos convencidos de que esa podía ser la salida. Pero que va.”

Según los sindicatos, los Martín-Caro, explicaron las representantes de los/as trabajadores/es, tenían claro que las primeras personas a despedir tenían que ser las que los propietarios de Pablosky califican “las manzanas podridas”: 26 trabajadoras que durante años trabajaron en sus casas sin alta en la Seguridad Social y que Calzados Pablo debió incorporar a su plantilla, y abonar las cuotas impagadas de los cuatro años previos, cuando la Inspección de Trabajo determinó que se trataba de “falsos autónomos”. Además, solo ofrecieron la posibilidad de negociar salidas voluntarias para dos colectivos: las personas menores de 50 años y las que tengan entre 61 y 62. Excluyendo a las mayores de 63 porque no tardarán mucho en jubilarse; y excluyendo a las que están entre los 50 y los 61 para no tener que suscribir convenio con la Seguridad Social y seguir cotizando por ellas.

«Y a las que si se les permite apuntarse voluntariamente al ERE, les ofrecen el mínimo legal, 20 días por año trabajado con una anualidad de tope, más un “incentivo” que, en el mejor de los casos -para las personas con menor antigüedad-, supondría cuatro días más por año», apuntan. “Nos sentimos dolidos, abandonados por nuestra empresa”, señalaron por su parte Lola Aceituno y Rocío Arévalo, visiblemente afectadas por la situación que están viviendo.

“Nosotros sí que les hemos apoyado cuando nos lo han pedido, cuando nos pidieron pasar de fijos a fijos discontinuos hace tres años, con la pandemia, firmamos casi el 90%. Cuando nos han pedido echar horas las hemos echado. Cuando nos han pedido trabajar los sábados, hemos ido. Y que ahora que nos la jueguen así… Siempre nos decían que éramos una gran familia. ¿Familia? No nos consideramos ahora familia de los Martín-Caro. Ellos no nos tratan como familia, nos han abandonado.”

“Nosotros sí que les hemos apoyado cuando nos lo han pedido, cuando nos pidieron pasar de fijos a fijos discontinuos hace tres años, con la pandemia»

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n concreto, la empresa ha trasladado a los sindicatos que el «excedente funcional» es de 81 trabajadores en Telefónica Soluciones, de 958 en Telefónica Móviles y de 4.085 en Telefónica de España.

«El elevado excedente funcional puede acometerse desde diversas medidas de acción: recualifación y cambio de actividad, a través de ‘upskilling’ y/o ‘reskilling’, internalizaciones y las bajas propiamente dichas, que serán inevitablemente inferiores en número (en referencia a los 5.124 del «excedente funcional»), ha matizado UGT, el sindicato mayoritario en la empresa de telecomunicaciones española.

La compañía ha justificado el ERE por «causas organizativas» y, en ese sentido, argumenta que tiene un «excedente funcional» de trabajadores con arreglo a la modificación de los servicios de la empresa, a la finalización del despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), al cierre del cobre y a otros elementos, como la automatización de procesos.

Por su parte, UGT pide un nuevo convenio colectivo que «blinde a la plantilla y sus condiciones laborales y económicas». «Los planteamientos de la empresa están alejados de nuestras pretensiones: hablan de medición de productividad, revisión de la clasificación profesional, control del absentismo, movilidad geográfica y funcional o revisión del régimen de garantías», señalaba el sindicato cuando se dio a conocer la noticia.

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La próxima reunión entre empresa y sindicatos será el próximo 30 de noviembre y el sindicato pondrá encima de la mesa que se «clarifique y detalle» el ajuste de plantilla. Además, UGT pide un nuevo convenio colectivo que «blinde a la plantilla y sus condiciones laborales y económicas».

Las líneas rojas que marca la representación de los trabajadores son claras: aumento de beneficios sociales; medidas de conciliación, de igualada y de inclusión; formación y desarrollo personal; y promoción de la empleabilidad en las provincias y retención del talento.

«Los planteamientos de la empresa están alejados de nuestras pretensiones: hablan de medición de productividad, revisión de la clasificación profesional, control del absentismo, movilidad geográfica y funcional o revisión del régimen de garantías», señala UGT.

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