La obligación de los políticos es hacer llegar sus mensajes con claridad a la ciudadanía, para que se entienda lo que dicen y se sepa lo que hacen. Para eso son elegidos y para eso se les paga el sueldo. Pero parece que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no está dispuesto a cumplir ese principio y prefiere jugar al equívoco.

Hablar con claridad

Si Puigdemont acudió el 10 de octubre al Pleno del Parlament con la decisión -ilegal- de declarar la independencia de Cataluña, lo lógico es que hubiera finalizado su discurso diciendo «proclamo la independencia de Cataluña, que a partir de ahora será la República de Cataluña». O con una frase similar, pero que fuera muy clara para que todo el mundo le entendiera.

Pero no lo hizo. Echó mano de la ambigüedad más calculada y afirmó: «Asumo el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República». Y, a renglón seguido, propuso al Parlament que «suspenda los efectos de la declaración de independencia, para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada».

Esa declaración no fue votada por los diputados ni publicada en el Diario Oficial de la Cámara autonómica, como se hace en todos los parlamentos del mundo con las resoluciones que adoptan. Y tras su discurso, como continuación de una sesión parlamentaria difícil de olvidar, 72 diputados fueron a otra sala del edificio y firmaron una declaración de independencia, entre aplausos de sus compañeros y ante la sorpresa de decenas de periodistas, en un documento que tampoco figura en ninguna publicación oficial. ¿Hay quien dé más… dosis de ridículo?

Varios actos del mismo espectáculo

Esa sesión parlamentaria ha sido el tercer acto del espectáculo que representan Puigdemont, su Gobierno y los diputados independentistas. El primer acto lo representaron el 6 de septiembre, cuando el Parlament aprobó la Ley del Referéndum -que el Tribunal Constitucional declaró ilegal inmediatamente-, en la que consta que esa norma está por encima del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Constitución española.

El segundo acto lo representaron al día siguiente, cuando aprobaron la llamada Ley de Transitoriedad -la norma que los independentistas han redactado para que regule una Cataluña independiente hasta que redacten una Constitución propia-. Fue aprobada sin el debate ni la tramitación adecuados, con solo dos horas para que los grupos parlamentarios pudieran presentar enmiendas y, lo que igualmente grave, en contra del informe de los servicios jurídicos del Parlament y del Consejo de Garantías Estatutarias catalán, que dijeron a los diputados que no podían aprobar esas normas porque eso suponía desobedecer al Tribunal Constitucional.

En esas dos sesiones parlamentarias, los diputados de PP, PSC y Ciudadanos abandonaron el pleno a la hora de votar en protesta ante tanto disparate jurídico. Y en ambos casos la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha representado un lamentable papel.

Mientras Carles Puigdemont declara la independencia sin declararla y pide que se suspendan los efectos de algo que no ha proclamado, la ciudadanía catalana -la que se ha manifestado a favor del independentismo, la que está en contra y la que no ha salido a la calle- sigue padeciendo los recortes que ha aplicado su Govern desde que comenzó la crisis económica y ve que sus problemas diarios continúan y que su Parlament, en vez de ocuparse en intentar resolverlos aprobando las leyes apropiadas, está inactivo y sólo se ocupa la independencia.

La sabiduría popular dice que con las cosas de comer no se juega. Con el sentimiento de indepencia tampoco debe jugar. Es un juego peligroso. El problema del encaje de Cataluña en el Estado español y el sentimiento de independencia de una parte de su ciudadanía no se va a resolver esperando a que pase el tiempo -como hizo Mariano Rajoy durante algunos años-, ni proponiendo negociar pero «imponiendo» unas condiciones -como han hecho Artur Mas y Carles Puigdemont-, ni con espectáculos como los que se han visto en las últimas sesiones del Parlamento autonómico de Cataluña. La ciudadanía catalana no se merece un president como el que tiene; los demás españoles, tampoco. ¿Por qué no convocar ya unas elecciones autonómicas, para que los catalanes decidan quién debe gobernarles y reconducir sus sentimientos y aspiraciones a cauces legales y democráticos?

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Son los diferentes sindicatos policiales: SUP, CEP, UFP, SPP y ASP, quienes critican «el trabajo de los Mossos D’Esquadra, que sigue presidido por la inacción, la laxitud, la equidistancia y la aversión al cumplimiento de sus obligaciones legales».

De ahí que exijan al Ministerio del Interior:

Uno, «la revocación inmediata de los acuerdos adoptados en la Junta de Seguridad celebrada el 10 de julio, en la que de una manera absolutamente irresponsable se decidió integrar a los Mossos en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado».

La diferencia salarial entre los Mossos y la Policía Nacional

Dos, «la modificación de la decisión ministerial mediante la que se ha aprobado el ingreso en la Orden al Mérito Policial de 2017 de varios mossos, de tal manera que se retiren las condecoraciones otorgadas a los miembros del cuerpo autonómico y se evite, en lo sucesivo, otorgarles cualquier tipo de condecoración».

Por ello insisten en que «ocho Juzgados de instrucción de Cataluña están tramitando ya procedimientos para investigar la no actuación de los Mossos el 1-O, lo que es motivo más que suficientes para adoptar estas medidas».

Y terminan recalcando que «todos los incidentes ocurridos en Cataluña, en esa campaña de acoso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, obligan al Gobierno a eliminar, de una vez por todas, la escandalosa diferencia salarial que padecen los policías nacionales respecto a los cuerpos autonómicos. Ya no se trata de un compromiso político, sino de una obligación democrática».

Si no lo hacen, anuncian, «vamos a pedir la dimisión, por dejación de sus funciones, de cuantos cargos ministeriales sea necesario, empezando por el director general de la Policía, siguiendo por el secretario de Estado de Seguridad, continuando por el ministro del Interior y llegando hasta el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

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Ha señalado que todo el mundo tendría que tener claro que la alternativa a la Constitución española es «ninguna» y ha defendido la Constitución íntegramente, incluso para utilizar aquellos mecanismos que algunos planteen de modificación.

Page ha indicado que una sociedad moderna y un estado de derecho se basa en la credibilidad de sus propias normas y en el respeto impecable a sus leyes.

Por tanto, ha expresado su apoyo, «no solo al estado de derecho, también a las instituciones que tienen la obligación constitucional de velar en los momentos más difíciles por la garantía y la observación de la Constitución: las instituciones del Estado, el sistema judicial, la Policía Nacional y la Guardia Civil», y ha añadido que «es un apoyo muy compartido por el conjunto de la sociedad española».

Para el presidente castellano-manchego solo se podrá recuperar la cohesión desde el respeto elemental a la norma básica que, además, es la que da pie a que pueda haber instituciones autonómicas.

La cohesión se tiene que manifestar en el respeto a la norma, por lo que ha dicho que no puede entender que un Parlamento o un gobierno «que tienen su origen exclusivamente en la Constitución española, puedan negarla».

«Puedo entender que haya partidos u organizaciones que reclamen la independencia de Cataluña, pero otra cosa es que instituciones jurídicas, gente que está cobrando su propio sueldo hoy y que tiene el respeto que le deben incluso los Mossos de Escuadra porque es autoridad constitucional, no pueden negar a la madre», ha afirmado.

Page ha pedido mantener la serenidad y la calma no solo «de quien tiene todas las razones legales y de sentido común, sino de quien tiene además mucho que preservar».

Ha recordado que la segunda parte de El Quijote se desarrolla en Cataluña, por lo que considera «absurdo» que alguien esté luchando por considerar a Cervantes extranjero.

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En la mañana de hoy han partido agentes de la Comandancia de La Guardia Civil en Castilla-La Mancha, concretamente de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic). Su marcha, como recogen estos videos grabados esta mañana en Toledo, ha sido arropada por decenas de ciudadanos que han acudido a las puertas del cuartel, en la toledana Avenida de Barber, a despedirles entre aplausos, palabras de ánimo y banderas de España.

En toda España se están produciendo imágenes como esta. Son muestras de apoyo a los agentes que parten hacia Barcelona en plena crisis y ante una tensión y preocupación crecientes por lo que pueda suceder el 1-O y en los días sucesivos.

Proclamas patrióticas, aplausos, vítores y cánticos de apoyo a la Guardia Civil, in situ y en las redes sociales, se van sucediendo en las ciudades españoles desde las que parten agentes para incorporarse al operativo de seguridad que coordina el coronel Diego Pérez de los Cobos.

Recientemente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page mostró el «apoyo total» de la región y de su Gobierno tanto a Mariano Rajoy como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las decisiones y actuaciones que haya qiue tomar y llevara cabo por la situación creada en Cataluña.

La proclama del presidente de la Junta se produjo horas después de que el vicepresidente segundo y secretario general de Podemos, José García Molina, se reuniera en Barcelona con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau.

Molina quiso acudir a esos encuentros como vicepresidente segundo de la Junta, pero fue desautorizado por el Gobierno y, como él mismo aclaró en su comparecencia, acudía como dirigente de Podemos.

Guadalajara despide a sus agentes por todo lo alto

Al capital guadalajareña ha sido otro de los lugares en los que los agentes de la Guardia Civil que parten hasta Cataluña ha recibido una despedida entre aplausos, vítores y banderas de España. Sobre todo una enseña gigante bajo la que iban pasando los vehículos del convoy que partía.

Según informa el Ayuntamiento de Guadalajara, en torno a 200 personas se han congregado para dar muestras de apoyo a los agentes. Así ha sido la despedida en Guadalajara:

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En declaración a los medios, tras la reunión celebrada en Barcelona, el secretario regional de la formación morada, ha hablado que en esta situación de crisis política, lo que hay que hacer «es defender la democracia» lo cual, ha dicho, «empieza por gestos pequeños, pero tan significativos como éste», en referencia a su diálogo «desde la diferencia» con Junqueras. Así, ha ha condenado hoy «la vía intervencionista y represiva emprendida por el Gobierno del PP contra Cataluña».

Desde la diferencia y con algunas ideas próximas

«Vivimos un tiempo intenso y de gran complejidad política», ha contextualizado Molina, según apunta Efe, y ha señalado el carácter dialogante en la política, «aunque sea con alguien distinto a ti», en sus palabras. «No tenemos la misma hoja de ruta con Junqueras, pero sí que compartimos algunas ideas», ha matizado el propio Molina.

Sobre el derecho a decidir, el secretario general de Podemos CLM y vicepresidente segundo del Gobierno regional se ha posicionado «clarísimamente a favor del derecho a decidir» ya que, desde su partido son «favorables a que la ciudadanía diga lo que es importante, que es dónde desea estar, y esto vale para Cataluña, pero también para Castilla-La Mancha o para cualquier lugar».

DECLARACIONES | @josegarmolina y #Junqueras «tienden puentes» y hablan dedefensa de la democracia, pese a sus «diferencias» sobre #Cataluna pic.twitter.com/23CF9bSU5C

— Noticias CMM (@CMM_noticias) 22 de septiembre de 2017

Vídeo: Noticias CMM

García Molina ha comentado sobre la crisis política actual entorno a Cataluña que «no es sólo una cuestión de independencia, sino que lo que se está poniendo en juego estos días es la naturaleza y la calidad de los principios democráticos en nuestro país», según ha sostenido tras la reunión.

«No soy independentista, no deseo la independencia de Cataluña y me encantaría que hubiera fórmulas negociadas que permitan ampliar el derecho a decidir pero que también nos permitan estar juntos», ha defendido el vicepresidente segundo de la región, y ha respondido a las críticas: «cuando alguien va a dialogar, incluso desde la diferencia, esto es democracia, y nadie debería tener nada en contra».

Cabe recordar, que el propio Molina explicó esta mañana en La Sexta que no acudía a esta reunión en calidad de vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, sino como secretario general de Podemos en la región. Aún así, la Generalitat, mediante sus redes sociales, así como el gabinete de vicepresidencia de Catalunya, han compartido información sobre esta reunión del vicepresidente catalán con el «secretario general de Podemos CLM y vicepresidente económico», por error.

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Los primeros daños son ya de proporciones gigantescas, porque han hecho añicos la ley en Cataluña y van camino de dañar irreversiblemente la normal convivencia. Hace tiempo que está amenazada la convivencia normal de quienes no sigue las tesis separatistas y lo expresan en voz alta.

Todos los partidos políticos españoles y catalanes se verán afectados por el 1-O

Además, el 1-O seguramente va a causar problemas, daños o estragos en los partidos políticos españoles y catalanes. De diversa consideración, pero todos se verán afectados antes, durante o después, si no en todas las fases. Porque los atropellos que se vienen cometiendo no favorecen a nadie. Y si alguien juega al tacticismo para el beneficio propio y/o partidario, creo que lo pagará.

Incluida la CUP, que es la única que parece encontrarse en su salsa. El PdeCat, la antigua Convergencia i Unió, parece vivir sus últimos momentos en el Gobierno de la Generalitat. Pase lo que pase con el supuesto referéndum, habrá elecciones autonómicas y no las ganará el partido que más años ha gobernado esa parte de España.

Su alianza con la sinrazón no dejará sin efectos secundarios a la ERC de Oriol Junqueras, el a priori vencedor de las siguientes catalanas. El PP ya tuvo en las últimas los mismos escaños que Podemos y solo uno más que la CUP. El PSC ya entró mermado en el huracán y no es fácil precisar cómo saldrá de él si, como se dice, tiene alcaldes dispuestos a abrir sus ayuntamientos y apuntarse a la ilegalidad y la inconstitucionalidad. El único que parece a mejor resguardo es Ciudadanos, a los que el empuje de Inés Arrimadas parece mantener a flote en lo peor de la tormenta.

A mí me parece evidente que no habrá referéndum, al menos en lo que esta práctica significa y la garantías que exige su celebración. Pero veo igual de claro que el 2 de octubre no estará el problema resuelto, aunque se haya evitado un referéndum.

Quizás veamos algunas urnas y papeletas y gente que hace ruido en la calle… Pero todos sabemos, los separatistas también, que un referéndum es otra cosa. Algo que pasará en Cataluña el 1 de octubre.

Sin embargo, que no haya referéndum no solucionará los problemas que han llevado a esa sociedad a plantearse la ruptura con España de manera tan amplia, tan insensata y hasta atropellando la ley. Da igual que los independentistas no lleguen al 50 por 100. Son tantos y han podido llegar tan lejos que el huracán no lo pararán unas urnas, ni evidentes ni ocultas.

El 1-O va a dejar daños quizás recuperables si se actúa rápido y bien, pero algunas heridas puede que sean imposibles de cerrar. El problema seguirá vigente el 2-O. No parece solucionable a corto plazo.  O al menos yo no he escuchado ninguna solución clara.

Sabemos cómo se evita el 1-O; pero ¿sabemos cómo resolver el problema catalán? Porque si la respuesta es no, seguirán llegando huracanes a la costa.

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