A preguntas de los periodistas antes del V Congreso Nacional de ASAJA Mujeres, que se celebra en Cuenca, Fresneda ha afirmado que es “la primera vez en su vida que ve que unos sindicatos de clase hacen huelga a la oposición”.

«Es alucinante. Es poco menos que decirle a la opinión pública que se rinden ya», ha asegurado el presidente regional de ASAJA, quien ha criticado el diseño de actuaciones que, a su juicio, se han hecho “muy precipitadamente”.

Asimismo, ha añadido que “cuando se hacen piquetes, son piquetes informativos. Y yo lo que he visto en los medios de comunicación hoy son piquetes dañinos, que le hacen daño a la gente”.

Huelga en el sector cárnico

También sobre la huelga en el sector cárnico, Fresneda se ha mostrado convencido de que se llegará a “un entendimiento porque todos se juegan mucho, tanto los trabajadores como las industrias cárnicas”.

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La cantidad de dinero que recibieron los agricultores españoles hasta septiembre equivale al 92,58 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior, que finalizó el 15 de octubre de 2025, mientras que en el caso de los castellanomanchegos el porcentaje se eleva al 95,22 %.

Así figura en el último informe mensual (septiembre de 2026) del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan once meses y medio del año fiscal 2026, que comenzó el 16 de octubre de 2025 y finalizó el 15 de octubre de este año.

Ayuda básica a la renta por la sostenibilidad

De esos 5.294,78 millones, el importe abonado más abultado es el de la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad (2.347,15 millones), seguido del correspondiente a ecorregímenes (1.102,03 millones), la ayuda a la renta asociada (672,59 millones) y la ayuda complementaria a la renta redistributiva (487,74 millones).

Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.328,04 millones de euros), Castilla y León (965,80 millones) y Castilla-La Mancha (719,45 millones).

Otros fondos para desarrollo rural

Los pagos relativos a las intervenciones de Desarrollo Rural del Plan Estratégico de la PAC 2023/27 acumulan a 30 de septiembre de 2026 un total de 1.200,16 millones de euros; de ellos, destacan los pagos correspondientes a la intervención «Compromisos medioambientales y climáticos y otros relacionados con la gestión» (396,75 millones).

Le siguen la intervención «Inversiones», con 378,67 millones de euros, y la de «Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas», con 150,98 millones.

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El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado esta medida durante su participación en el foro ‘Agricultura, Economía y Cultura para transformar el territorio’, celebrado en la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso.

Del total de beneficiarios, 201 son mujeres, el 34,7 %, un porcentaje que, según el consejero, continúa creciendo.

Martínez Lizán ha asegurado que todas las solicitudes que cumplen los requisitos recibirán una resolución favorable.

Ayudas a la incorporación de jóvenes

Además, estos días se están abonando otros 9,2 millones de euros correspondientes a ayudas a la incorporación de jóvenes y planes de mejora de las convocatorias de 2023 y 2024.

El consejero ha situado el relevo generacional entre los principales desafíos del campo regional y ha señalado que su impulso dependerá también de cómo quede configurada la futura Política Agraria Común (PAC).

En este sentido, ha expresado la preocupación del Gobierno regional por la financiación de la nueva política agraria, después del acuerdo parcial alcanzado el pasado 29 de octubre por los ministros de Agricultura de la Unión Europea para reorganizar su estructura en un único marco financiero, frente al actual sistema de dos pilares.

«Estamos expectantes sobre todo por saber cómo quedará la financiación. Para el Gobierno regional solo vale que el Marco Financiero Plurianual contemple las necesidades reales del sector», ha afirmado.

Durante el debate sobre agricultura, cooperativismo y desarrollo industrial, Martínez Lizán ha defendido la importancia de estos tres ámbitos para mantener un sector agroalimentario que aporta el 17 % del PIB regional, supera los 3.800 millones de euros en exportaciones y genera cerca de 93.000 empleos.

También ha destacado el peso del cooperativismo, con 558 entidades, más de 158.000 socios y presencia en uno de cada tres municipios de Castilla-La Mancha, y ha señalado la modernización industrial como otra de las claves de futuro, a través de programas de ayudas como Focal y Vinati.

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El aplazamiento hasta el 18 de febrero de 2027 de las sesiones que, en principio, estaban fijadas entre el 9 y el 19 de este noviembre se ha producido tras no haber fructificado un acuerdo global antes del inicio de la vista oral por lo que, en principio, el juicio se celebrará con cinco acusados conformes y dos no conformes con la rebaja de pena propuesta este lunes por el fiscal a las partes, cuyo contenido no ha trascendido.

Según expone el escrito de calificación de la Fiscalía, los acusados compraron de forma masiva más de 2,8 millones de litros de vino común procedente de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja para introducirlo irregularmente en sus instalaciones de Cabañas Raras (León) y Coles (Ourense).

Una vez allí, procedían a su embotellado y comercialización bajo sellos de la Denominación de Origen Bierzo, la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León y la DO La Mancha sin contar con las autorizaciones pertinentes, sobrepasando los cupos permitidos o utilizando tirillas y etiquetas falsificadas.

Además, sometían al producto a un proceso de manipulación que lo alteraba hasta convertirlo en un «líquido hidroalcohólico inestable» que «no podía tener la consideración legal de vino» al añadirle agua, azúcares, alcoholes, aromas artificiales para imitar variedades reconocidas y natamicina, un antibiótico de uso prohibido en la elaboración del vino que supone un riesgo para la salud al generar resistencias bacterianas.

Penas iniciales

La Fiscalía solicitaba inicialmente penas que sumaban 21 años de prisión para cada uno de los tres miembros de una unidad familiar de bodegueros, A.M.L.N., L.C.G. e I.L.C.L., como presuntos autores de los delitos de organización criminal, estafa agravada en concurso con falsificación de certificados, contra la salud pública y contra la propiedad industrial.

Junto a los ellos, el Ministerio Fiscal atribuía en su primer escrito penas de 17 años y seis meses de prisión para cada uno de los dos enólogos vinculados a las mercantiles, F.P.M. y L.S.M.M., por delitos de organización criminal, estafa agravada, contra la salud pública y contra la propiedad industrial.

Organización criminal

Asimismo, solicitaba 9 años de cárcel y multa para I.H.B.J., administrador de una imprenta gallega por organización criminal, falsificación de certificados y delito contra la propiedad industrial; y 5 años de prisión y multa para R.M.F., administrador de una compañía gallega, como autor de delitos de falsificación de certificados y contra la propiedad industrial.

DO La Mancha

En total, la Fiscalía cuantifica en 1.659.343 las botellas vendidas entre 2014 y 2019, con 284.294 atribuidas a la DO Bierzo, 1.187.529 de la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León, y 180.000 con sello indebido de la Denominación de Origen La Mancha, además de constatarse en los registros practicados por el Seprona y la Xunta de Galicia el uso ilegítimo de la marca de garantía Tierra de Sabor.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama indemnizaciones solidarias por valor de 1.686.214 euros.

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La alcaldesa de Cuerva y presidenta de la Mancomunidad de Aguas Torcón II, Montserrat Rojas, ha explicado en declaraciones a EFE que la previsión es que estas restricciones, que se acordaron en la sesión plenaria de la mancomunidad celebrada la semana pasada, entren en vigor este martes 10 de noviembre y ha recordado que el agua que sale del grifo en la actualidad no es potable.

Reparto «justo y equitativo»

Entre las medidas que entrarán en vigor, se establecerá un reparto de agua por población que sea «justo y equitativo» entre todos los municipios de la mancomunidad en función de sus habitantes, de forma que se asignarán 250 litros por habitante diariamente, con el objetivo de que se pueda garantizar el agua el mayor número de días posible, toda vez que el pantano está en estos momentos al 30 por ciento de su capacidad.

Actualmente, según los técnicos consultados por la mancomunidad, las previsiones están en cuarenta días de suministro garantizado.

Prohibiciones

Además, también queda prohibido usar el agua para riego de huertos, jardines y parcelas; llenado de piscinas, balsas y aljibes; lavado de calles, coches y fachadas y para el consumo animal.

La Mancomunidad Torcón II está integrada por los municipios de Casasbuenas, Cuerva, Gálvez, Las Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, Noez, Pulgar, San Pablo de los Montes, San Martín de Montalbán y Totanés, y Rojas ha afirmado que todos estos ayuntamientos han respaldado la adopción de estas medidas, si bien ha reconocido que se han aprobado «con todo el dolor del corazón» de los responsables municipales.

Asimismo, se ha mostrado cauta ante la previsión de lluvias durante los próximos días y por ello ha subrayado que es necesario aplicar medidas de restricción al consumo de agua, aunque no sea potable, pero que al menos «salga por los grifos de las casas» para el aseo humano y para limpieza doméstica.

Además, ha informado de que está previsto que en los próximos días la Confederación Hidrográfica del Tajo comunique si es favorable a que la mancomunidad se abastezca del Torcón I, tal y como ha ofrecido el Ayuntamiento de Toledo, algo que «aliviaría» la situación a corto plazo, más allá de los acumulados de lluvia que se puedan producir.

Y ha avanzado que este martes está prevista una reunión con la directora general de Agua de Castilla-La Mancha, Montse Muro, para abordar la situación y plantear soluciones de cara al futuro, para evitar más episodios de estas características.

Rojas ha señalado que en 2017 también se tuvieron que aplicar medidas restrictivas al abastecimiento de agua por el bajo nivel del embalse y por ello ha abundado en la necesidad de abordar este asunto «con todas las administraciones», en particular con la Junta de Comunidades.

En este sentido, y sobre la posibilidad de que la mancomunidad de municipios se pueda abastecer a través del sistema de Picadas, Rojas ha afirmado que «lo primero» sería analizar la construcción de las infraestructuras necesarias y con presupuesto suficiente, que ha señalado que debería partir de la Administración regional.

«Nosotros no tenemos la forma de solucionar todo esto», ha asegurado la también alcaldesa de Cuerva, que ha confiado en que entre todas las administraciones «se pueda sacar alguna conclusión» para evitar situaciones como la actual en el futuro.

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«Una merma de la plantilla»

Así lo ha manifestado, en una rueda de prensa en Toledo, el presidente del comité de empresa de la empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam), Manuel Amores, quien ha explicado que esa medida «supondrá tener que reubicar a los seis trabajadores que se hacían cargo de ellas y, por tanto, una merma de la plantilla, pese a que este año la superficie forestal quemada en Castilla-La Mancha ha superado las 41.000 hectáreas».

Además, la torre de vigilancia de Guadalajara «se encuentra en el Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, uno de los más meridionales de Europa, que se quedará de esta forma sin vigilante para todo su territorio, pese a que el tiempo que transcurre desde que se produce el aviso de fuego hasta que se actúa puede ser la diferencia entre un conato o un incendio forestal considerable», añaden.

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Motivo aducido por la empresa

El motivo aducido por la empresa para el cierre de las torres es el estrés térmico que señala la Inspección de Trabajo, ya que son metálicas y en verano llegan a alcanzar los 45 grados centígrados, lo que según Amores se podría solucionar con cerca de 1.000 euros instalando una placa solar y un «pingüino» (aire acondicionado portátil).

Manuel Amores, junto con el delegado de CCOO de Geacam en Guadalajara, Ignacio Blanco, ha lamentado que «se escatime en vigilancia fija pese a que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, haya anunciado para el 2027 un aumento de más de 13 millones de euros en el presupuesto de 2017 para el dispositivo contra incendios, por lo que se ha preguntado adónde va ese dinero».

«Que se cumpla la tasa de reposición»

También han pedido que «se cumpla la tasa de reposición al 100 % (78 plazas) más el 20 % por ser un servicio esencial, lo que la empresa no tiene intención de hacer ya que se repondrán 72 plazas pero faltarían 22 puestos por cubrir», ha dicho.

Y esto «se suma a los recortes de los últimos años en que los retenes ya no salen con 7 bomberos sino con 5 y los camiones autobomba con 4 en vez de 6 bomberos».

CCOO ha denunciado que «se está mermando el servicio contra incendios mediante un goteo continuo, lo que lleva a que se registren más incendio»s, y ha insistido en que ese es el motivo, no que haga más calor porque calor hace todos los veranos, ha asegurado Amores.

Los sindicalistas han hecho un llamamiento a los trabajadores de Geacam a secundar la huelga general del 11N, ya que tienen razones de sobra para hacerla.

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